La agenda para el fortalecimiento industrial

admin 17 de febrero de 2015 0

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Fernando Fernández-Torres, exconsejero delegado de la compañía minera Cobre Las Cruces; y Rafael Salgueiro, profesor de la Universidad de Sevilla y colaborador con el Ayuntamiento hispalense en materia de industrialización, reflexionan sobre las medidas de actuación incluidas en el Plan Industrial de Gobierno destinadas a lograr un mayor crecimiento y competitividad de la economía española.

A finales del año 2013, The Boston Consulting Group (BCG), presentó en sociedad el Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España. A través de este informe, elaborado en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se pretendía esclarecer el papel de la Industria en el proceso de recuperación económica y cuya premisa principal era la de dotar a ese conjunto industrial de una serie de medidas y propuestas destinadas a convertirla en el sector líder desde donde reconstruir la nación para lograr un mayor crecimiento y competitividad entre los vecinos europeos.

Este análisis puso de manifiesto la capacidad de generación de empleo de la Industria durante la crisis económica, remarcando que en los países miembros donde más se ha apostado por este sector, se ha opuesto una mayor resistencia al ciclo económico negativo, se han perdido un número menor de puestos de trabajo y el volumen de sus exportaciones les ha valido para contrarrestar la caída de la demanda interna.
Tomando como referencia el anterior ejemplo, la Industria española debería convertirse, en años venideros, en uno de los motores principales de la economía nacional, en la que todos los agentes implicados sean capaces de aportar estrategias y soluciones para superar los retos más importantes que se enfrentan actualmente.

Una vez identificadas las principales fortalezas y dificultades del sistema, desde BCG y el Ministerio de Turismo e Industria se estableció un plan de acción con medidas e iniciativas concretas para fomentar ese crecimiento en el territorio que supusiese un aumento de la competitividad industrial y de la importancia en el PIB y la creación de empleo de calidad, entre otras.

Las líneas de actuación en las que se basa dicho informe para la consecución de los objetivos marcados se dividen en tres bloques diferentes, según el ámbito y alcance de actuación (ver gráfica de la página 40). Por un lado, se establecen iniciativas destinadas al ámbito internacional. Por otro, propuestas a llevar a cabo dentro del propio mercado nacional y, por último, una serie de acciones transversales.

Estas líneas de actuación incluyen casi un centenar de iniciativas en las que deben participar distintas organizaciones y asociaciones empresariales, sindicales, y organismos públicos y privados a través de su puesta en común en foros de discusión. En estas reuniones se deben definir los objetivos y líneas prioritarias de actuación a impulsar mediante el desarrollo de programas y actuaciones, con la aportación de todos los Departamentos Ministeriales y entidades implicadas, orientadas a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo del tejido industrial español.

Fernando Fernández-Torres, ingeniero industrial exconsejero delegado de Cobre Las Cruces

Fernando Fernández-Torres, considera necesario tomar este tipo de acciones planteadas en la Agenda para fomentar y fortalecer a la industria española. Sin embargo, en base al propio informe, considera que hay, por un lado, “actuaciones planteadas insuficientes” y, por otro, “acciones que se ignoran”, y que él mismo define como “deficiencias estructurales”. Son en estas últimas, en las que se deberían incidir y prestar especial atención desde el Gobierno para lograr el objetivo marcado, como con un cambio en el “modelo energético”, “mayor importancia del ferrocarril dentro del modelo de transporte español” o propuestas “más específicas y de aplicación más inmediata de fomento de la inversión mediante reducciones impositivas”.

Uno de los puntos donde más incide es en el transporte de mercancías por ferrocarril (línea 2). “Periódicamente, los expertos señalan que la ausencia de unas infraestructuras y redes ferroviarias es un hándicap para España por haber desarrollado el modelo del transporte por carretera, frente al ferrocarril. Este último tiene menor consumo energético, es más competitivo y es más sostenible que por carretera”.
Este ingeniero industrial con amplio bagaje en el sector considera que, aunque “en los últimos veinte años España ha mejorado el transporte por ferrocarril, en otros países europeos la política entre carretera y ferrocarril es más armónica”. Por ello, son precisas nuevas vías, anchos y estaciones, mejorar el trazado eléctrico de las aun obsoletas líneas y aumentar y fomentar la entrada de la industria privada en este sector de negocio.

Fernández-Torres destaca también la importancia de la modernización de los puertos marítimos, aprovechando los “más de 4.000 kilómetros de costa de España” y la incorporación de “actuaciones en puertos fluviales o rías”. “Una buena conexión ferroviaria-puertos de interior” junto con el “fomento de una gestión autónoma y/o privada” mejoraría la eficiencia de este tipo de instalaciones y “la competitividad de muchos de nuestros productos”.

Otro de los puntos más importantes, a su juicio, es el de conseguir un suministro energético estable, competitivo y sostenible (línea 3). Según este ingeniero, el modelo energético actual español supone una “deficiencia estructural que pesa sobre la economía y que, de no remediarse con actuaciones muy definidas, seguirán pesando como una losa sobre la cuenta de resultados de nuestras empresas”.

Los países europeos cuyos rangos de precios de la electricidad para clientes industriales son menores, como Francia o Suecia se deben a su apuesta por la energía atómica (caso francés) o por la generación hidráulica por sus numerosos ríos y caudales (caso del país escandinavo). Por el contrario, continúa, “España ha escogido para su modelo energético el de las energías renovables, como la solar o la eólica, lo cual es bueno desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero que tienen el coste de generación por Kw/h superior a todas las demás”. En resumen, considera la dificultad presente en la reducción del coste medio de la energía eléctrica con este modelo actual.

Como se observa en la Agenda, el refuerzo de la estabilidad del marco regulatorio español es otro conjunto de actuaciones a tener en cuenta (línea 4). En cuanto a la carga regulatoria gubernamental, España se sitúa actualmente en el puesto 125 de países potenciales receptores de inversiones, de un total de 148 naciones. “Seguimos teniendo una burocracia demasiado vasta y, en algunos casos, es hasta confusa”, subraya Fernández-Torres. “No da tiempo a desarrollar reglamentos cuando se anuncia el cambio de la Ley que lo precede. Si a esto se le une la fragmentación de legisladores -y a veces duplicidad en la gestión e interpretación-, causada por nuestro ordenamiento jurídico, hace que invertir en España se califique de una manera tan deficiente”.

Aunque considera que existen iniciativas para paliar esa falta de facilidades y rapidez en las diferentes gestiones dentro de los proyectos e inversiones industriales, Fernández-Torres establece que la burocracia exorbitada es otra “deficiencia estructural básica”. “Si no se soluciona o se mejora, lastrará nuestro progreso industrial y nuestra velocidad de crecimiento”. Por otro lado, añade, “además de las propuestas indicadas en la Agenda, habría que replantearse determinadas transferencias a las Autonomías para facilitar la unidad de criterio para industrias de interés nacional”.

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En cuanto al apoyo a las PYMES (línea 6), el ingeniero suscribe las medidas que se llevarán a cabo según lo expuesto en la Agenda. Sin embargo, añadiría alguna actuación que premie la concentración de este tipo de empresas. “Si una PYME rentable se quiere hacer con el control de otra mal gestionada o menos competitiva, tiene que hacer frente a gastos por la fusión”. Por ello, en su opinión, “un aliciente sería la creación de un marco de ventajas fiscales para promover las fusiones de empresas de un mismo ramo, que fuera competencia de los Ministerios de Economía y Hacienda”. Además, como aporte personal, “incentivaría la presencia de las empresas medianas en determinadas Ferias en el exterior”.

Por último, para Fernando Fernández-Torres, la adaptación del modelo educativo a las necesidades empresariales (línea 7) sería un objetivo a medio plazo y que podría precisar un tiempo mayor. “Esta actuación requiere la ejecución y compromiso con otras Administraciones, lo cual exige mucha coordinación y control. Aunque se intenta desde hace años no ha dado aún los frutos esperados y, actualmente, vivimos a una situación de continuos cambios de modelos de estudios primarios, secundarios y universitarios”. Según el ingeniero, se trata de “un asunto de Estado” que se debería tratar de manera pormenorizada, “para que los planes de formación no se cambien con cada nuevo Gobierno” y, de esa manera, contribuir a la consecución de un modelo educativo encaminado a satisfacer las necesidades de las empresas y, por extensión, ayudar a la eficiencia y crecimiento económico-empresarial.

Rafael Salgueiro, profesor de la Universidad de Sevilla y colaborador del Ayuntamiento de Sevilla en temas de industrialización

Rafael Salgueiro comienza su reflexión recordando lo vivido hace unos años. “La Comisión Europea, en el final de la pasada década, se fue percatando de que la formulación inicial de la Estrategia de Lisboa (2000) no había sido sino otro de los ‘wishfull thinking’ por los que tiene afición. El objetivo era que, en 2010, Europa fuese la economía más competitiva y dinámica del mundo, basada en la innovación y el conocimiento. Esa estrategia vivió una revisión en 2005 a resultas del informe de Wim Kok, que alertaba sobre los magros resultados hasta entonces, en lo que influía que los Programas Nacionales de Reformas derivados de la estrategia no se atrevían a producir las necesarias para lograrlo”.

Sin embargo, a finales de esa década y a principios de la actual, continúa, “parece haberse reparado en que no hay posibilidad de lograr una economía europea competitiva sin disponer de una base industrial muy sólida, algo que algunos países –como el nuestro- habían ignorado casi por completo. A raíz de esto, varias comunicaciones sobre Industria pusieron de manifiesto esta obviedad y se desplegó el mecanismo habitual: un objetivo deseado (un aporte del 20% del PIB en 2020) y la elaboración de

una Agenda industrial en cada país”. Precisamente, para Salgueiro, la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España tiene como origen el cumplimiento de “una obligación”, y no “el resultado de una vocación hacia la Industria del actual Gobierno, que quizá bastante tenía con ir solucionando el estado de las cuentas públicas (y las de algunas entidades financieras) e ir autorreformando la Administración”.
En cuanto a las medidas de actuación propuestas en el informe, el profesor hace hincapié en una serie de ellas en concreto, ya que “son las que corresponden a la propia acción pública”.

A través del refuerzo de la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español (línea 4), Salgueiro cree que se “propone un marco regulatorio con normas claras, estables y uniformes, aceptando, con razón, que el nuestro está poco valorado a nivel internacional. Esto requiere una firme doble acción, dentro del mercado interior español atajando la capacidad de disparidad normativa de las CCAA y hacia la UE, motivando una reflexión profunda sobre la ‘descompetitividad’ que introduce la regulación comunitaria, siempre más atenta a los fines perseguidos que a sus consecuencias”.

La orientación de la I+D+i hacia el mercado y a los retos de la sociedad (línea 5) es otra de las líneas de actuación más importantes dentro de la Agenda. Este objetivo “no es difícil de lograr si se introducen criterios claros de asignación de recursos -cuando vuelva a haberlos-, vinculados al rendimiento o utilidad comercial de los resultados de un proyecto, si se evita la dispersión del gasto –el camino está ya iniciado- y si se perfecciona el modelo actual de proyectos compartidos Universidad-Empresa, donde no pocas veces uno es coartada del otro. En definitiva –resume-, se trataría de alcanzar “una separación clara de la asignación a cada una de las tres letras de las siglas y dar voz a la Industria española”.

El profesor de la universidad hispalense finaliza su reflexión, por un lado, incidiendo en un mejor ajuste del modelo formativo con las necesidades de las empresas (línea 7), donde propone una “revisión continua de la FP”, además del impulso de contratos de inserción y aprendizaje profesional; y, por otro, en el cambio de modelo de financiación empresarial (línea 8), “que ya se había enunciado hace un par de años y en lo que no se ha avanzado apenas nada”.

“¿Qué puede hacer la Industria española ante esto?”, cuestiona. “Fundamentalmente, hacer ver al Gobierno el compromiso que ha adquirido, exigirle un desarrollo normativo -o ‘desnormativo’, según el caso- y tomar una posición exigente. El crecimiento de la industria hacia el objetivo nacional y comunitario no se va a producir de forma milagrosa, será necesario motivar o atraer un gran volumen de inversión. Lo que puede hacer el Estado es solo –y no es poco- crear las condiciones para que esto pueda tener lugar”.

 

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