Aurelio Azaña, decano del COIIAOc
El objetivo de la Unión Europea de cara al año 2020 es que el 20% del PIB sea de origen industrial. Dicho así queda muy bien, pero si lo llevamos al plano práctico es más difícil de conseguir. Además, el objetivo está poco claro y poco matizado porque posiblemente sea una de esas ideas grandilocuentes que los políticos de Bruselas, alejados de la realidad, del fragor de la batalla que se libra en las trincheras de la economía diaria, han diseñado.
No hace falta irse a las grandes cabezas pensantes de Bruselas para saber que la clave para conseguir progresar y tener prosperidad está en tener un tejido industrial importante, tecnológicamente avanzado, económicamente productivo y ambientalmente sostenible.
Pero, ¿quién defiende los intereses de la industria y el apoyo a la industrialización de una región en un país descentralizado como el nuestro? Honestamente, no lo sé. Contamos con un Ministerio de Industria que es muy débil frente a otros ministerios, como el de Economía, y que es incapaz de defender cualquier estrategia para la industrialización del país. No espero nada de él.
Contamos con una consejería a nivel andaluz donde la palabra industria aparece en un tercer nivel, junto con los temas energéticos y las explotaciones mineras. Honestamente, tampoco creo que se puedan hacer grandes cosas cuando no hay voluntad de llevar la palabra industria al título preliminar de una consejería, preocupada por otros aspectos más urgentes pero, las más de las veces, no tan importantes. Hoy por hoy la hipotética industrialización de Andalucía está más a nivel de la sociedad civil profesional, convencida de que sin industria no habrá progreso.
Es imposible que Andalucía pase, en poco menos de cinco años, del 9,5% de PIB industrial al 20%. Para mitigar este desfase, ¿qué se ha hecho? Nada, o casi nada. Para conseguir unos resultados, los que sean, hay que diseñar la estrategia con al menos diez años de antelación. Lamentaría mucho pensar que nuestros gobernantes, sea cual sea el signo político, han tirado la toalla antes de presentar la batalla. Enfrente tendremos a comunidades más proactivas y visionarias, más desarrolladas tecnológicamente que nosotros, mejor preparadas y con tradición industrial de décadas. Enfrente tendremos a comunidades en las que los poderes públicos han conseguido la aquiescencia y el compromiso de las fuerzas sociales (ver como muestra el documento ‘138 propuestas para impulsar la industria en Cataluña’, elaborado por la mesa de la industria y asumido por el gobierno de Cataluña).
En general, los documentos elaborados y emitidos en Andalucía por las distintas administraciones son bastante débiles. Unas veces son grandes brindis al sol imposibles de poner en práctica, otras son evidentes muestras de autoelogio y autocomplacencia. El caso es que los empresarios industriales y los ingenieros somos pocas veces consultados, y cuando se nos consulta, rara vez se le hacen caso a nuestras soluciones y propuestas.
Una de las principales acciones que habría que poner en marcha urgentemente es el cambio de la estructura organizativa de la Junta de Andalucía, orientando toda una consejería a la promoción industrial, y con un enfoque totalmente distinto al que hasta ahora ha tenido como mero supervisor pasivo de la actividad industrial y fedatario del cumplimiento de la seguridad industrial. Efectivamente, el enfoque actual de la Administración en materia de industria es más bien el de un interventor de la actividad industrial y no el de un agente dinamizador. Toda una organización que está viendo el tren pasar sentado en un banco de la estación, cuando debería estar subido a la locomotora.
En países como Estados Unidos, los gobernadores tienen la capacidad de atraer a los inversores industriales facilitando los recursos necesarios para que el negocio esté funcionando y generando ingresos en el menor tiempo posible. Son conscientes de que en los negocios industriales el tiempo es oro y conseguir estar en el mercado en el menor tiempo posible puede ser la diferencia entre llegar al mercado a tiempo, o fracasar. En estos países, la Administración tiene la potestad de ser facilitadora para cubrir las tres grandes necesidades que tiene una industria para ubicarse en un emplazamiento: necesidades de infraestructura (viarias y energéticas, principalmente), necesidades de suelo y necesidades de autorizaciones administrativas.
- Las necesidades de infraestructuras viarias y urbanísticas suelen topar con una Administración con una legislación anticuada, farragosa y que no es garante de la legalidad sino que más bien, amparadas en esa necesidad de garantías, ralentiza y a veces colapsa cualquier iniciativa, aunque los mandatarios tengan intención de dinamizar.
- Las necesidades de infraestructuras energéticas topan con los intereses legítimos de compañías privadas, cuyas decisiones no se toman en los entornos cercanos, y que se rigen por el interés económico de maximización de beneficios antes que por el interés social de dinamizar una zona geográfica determinada.
- Las necesidades de suelos a precios aceptables se topan una vez más con los intereses económicos de los desarrolladores de suelo cuando éste es privado, o con la avidez imperiosa de ingresos cuando éste es público (el precio del suelo no debería superar el 5% de la inversión en obra civil de la industria, y si fuera posible tenerlo en concesión administrativa por ser suelo público, mejor).
Ligado a esta necesidad de infraestructuras están los precios de la energía, que en España son excesivamente caros y resta competitividad a las empresas, pues aumenta sus costes de explotación. El recibo de la luz se compone de dos términos: el término de la energía consumida y el de la parte regulada. El primer término, el de la energía consumida (que supone el pago a un generador que ha fabricado dicha energía), es menos del 50% del total de la factura. Si bien esta parte del recibo podría disminuirse, a mi entender, si se buscase otra forma de ‘casación’ entre el precio ofertado y el precio que el mercado está dispuesto a pagar en un país donde la capacidad de generación supera ampliamente el consumo, lo cual, teóricamente, debería suponer una guerra de precios a la baja que beneficiaría al consumidor. El problema está en la parte regulada, donde se pagan suplementos a la energía que muchas veces no están justificados, y que son los verdaderos culpables de que los precios sean los más altos de toda la comunidad europea si excluimos a los países aislados como Chipre o Malta: primas a las renovables, costes de transporte y distribución abusivos, impuestos municipales que nada tienen que ver con la energía, moratoria nuclear sobradamente amortizada, extracostes por la generación en las islas, Ceuta y Melilla, y un sinfín etcétera.
Por último tenemos las siempre farragosas y retorcidas autorizaciones administrativas, que por más intentos que se han hecho (innumerables ventanillas únicas, decretos de supresión de barreras administrativas, declaraciones responsables), el asunto sigue sin solución. Esto, a mi juicio, se solucionaría con medidas como cambiar el sentido del silencio administrativo en la mayoría de los casos, confiar más en los técnicos autores de los proyectos, o encargando la supervisión de los proyectos que tengan que autorizarse a empresas especializadas que ayuden técnicamente a los muy buenos funcionarios que tenemos, pero que por la actual complejidad de los proyectos, no pueden emitir informes motivados sin apoyo. El problema no es totalmente de las personas, el problema radica en los procedimientos tan farragosos que hemos creado con los años, que no aportan nada positivo y que nadie sabe como desmontar.
A todo ello habría que sumarle una última necesidad prioritaria: la financiación. Esta necesidad no es un excesivo problema en el caso de Estados Unidos, que estamos poniendo como modelo, pero sí para países como el nuestro, en el que el círculo está muy cerrado en pocas entidades crediticias, sin que sea fácil la entrada de capital extranjero deseoso de encontrar empresas rentables donde poder invertir. Mi experiencia me demuestra que para nuevos proyectos, nuevas ideas promovidas por empresarios solventes, hay mucho dinero por el mundo a la espera y escucha activa de proyectos rentables. Solo es cuestión de saber moverse y de permitir la entrada de estos capitales.
Con mis palabras no he pretendido ser un agorero ni sembrar cátedra. Simplemente me anima la idea de que Andalucía pueda llegar a ser un motor de la economía industrial y que cada vez seamos más quienes queremos romper todas las trabas que van a impedir que, en el año 2020, el 20% del PIB andaluz venga del sector industrial. No faltarán los que, cuando se vean con el agua al cuello próximos al año 2020, nos manipulen con ideas tan peregrinas como la de meter en el cómputo del PIB industrial la industria del turismo, la del arte o la de cualquier actividad económica a la que se le pueda encajar (aunque sea con una palanca) la palabra ‘industria’ por delante.
