Ingenieros industriales andaluces avisan del «incumplimiento del decreto de certificación energética en inmuebles

admin 16 de julio de 2013 0
Ingenieros industriales andaluces avisan del «incumplimiento del decreto de certificación energética en inmuebles

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (Cgcoii), en el que se integra el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, compuesto por más de 3.500 colegiados ingenieros en Andalucía occidental, ha detectado el «incumplimiento» del Real Decreto 235/2013 que regula la certificación energética obligatoria para la venta y alquiler de inmuebles.

En un comunicado, el Colegio advierte de que «se están expidiendo certificados sin que el técnico visite presencialmente el inmueble y realice mediciones de eficiencia energética que exige la norma, como el consumo de energía, las emisiones de dióxido de carbono, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico, el gasto de calefacción, estudio de sombras, así como la envolvente térmica».

Según la institución, se estima que para realizar estas mediciones de manera eficaz son necesarias, de manera orientativa, una media de entre seis y ocho horas para una vivienda de 120 metros cuadrados.

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, Aurelio Azaña, ha alertado de que «se está produciendo una devaluación del certificado energético». «Se están emitiendo certificaciones con unos precios por servicio que no garantizan la precisión exhaustiva necesaria, ni la medición presencial de quien la realiza. Esta práctica perjudica al propietario ya que podrá obtener una etiqueta energética que no se corresponda con la eficiencia real de su inmueble y podría ser sancionado», ha subrayado.

Además, la norma que regula la certificación recoge la «obligatoriedad» de la exhibición de la etiqueta de certificación en la publicidad, oferta o promoción de los inmuebles en venta o alquiler. Un hecho que se está «incumpliendo de forma reiterada» desde que el pasado 1 de junio entrase en vigor la normativa, afirma el Colegio.

Otras «malas prácticas» que vulneran el Real Decreto se dan en los casos en los que de antemano se garantiza al propietario o arrendador una certificación energética determinada. De modo que el «incumplimiento» de la norma establece sanciones leves y graves para los técnicos que expidan la certificación y los propietarios y arrendadores de inmuebles, que oscilan entre los 300 y 6.000 euros, se detalla.

Así, se considera sanción leve anunciar la venta o alquiler de un inmueble sin mencionar la certificación energética. Constituye infracción grave alquilar o vender un inmueble sin la certificación, informar de que un inmueble cuenta con la etiqueta energética sin haberla obtenido o falsear la categoría obtenida.

Entre tanto, el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental reclama a las administraciones autonómicas competentes a que «activen mecanismos de inspección y control que garanticen que el certificado energético sea útil, preciso y de calidad».

En este sentido, Azaña asegura que es «imprescindible el control y cumplimiento de este Real Decreto porque de lo contrario el certificado energético se convertirá en una tasa innecesaria e inútil».

Ingenieros Industriales, acreditados para la certificación

La nueva norma reconoce a los ingenieros industriales como «profesionales acreditados y cualificados para emitir la certificación energética». Estos profesionales poseen en los campos de la edificación, la construcción y la energía sólidos conocimientos de diseño, materiales e instalaciones resultando competentes en la elaboración de informes de certificación energética.

El 40 por ciento del consumo total de energía en la Unión Europea corresponde a los edificios. El Consejo Europeo ha destacado la necesidad de aumentar la eficiencia energética en la Unión y ha marcado el objetivo de reducir un 20 por ciento el consumo energético en 2020.

El objetivo de la certificación energética que regula la nueva normativa española es «fomentar el ahorro y la eficiencia energética informando al arrendatario o comprador sobre el gasto en energía y emisiones de dióxido de carbono de un inmueble», detalla el Colegio. Con una validez de diez años, la certificación también plantea posibilidades de mejora de la eficacia energética del inmueble. La etiqueta energética es un elemento de la certificación que divide en categorías en orden, descendente de la A a la G el consumo de energía y emisiones de CO2.

Fuente: Europa Press

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